España enfrenta uno de los cambios más profundos en su sistema fiscal y laboral en décadas, impulsado por el llamado “35% para todos”. Este ajuste, que afecta tanto a autónomos como a empresas, no es una reforma aislada, sino una respuesta a problemas estructurales como la precariedad laboral, la baja productividad y la desigualdad en el reparto de beneficios. Su impacto trasciende lo económico: redefine las dinámicas de competitividad internacional, la atracción de inversiones y, sobre todo, la calidad del empleo en un país donde el 35% de los trabajadores —según datos del INE de 2023— siguen en contratos temporales o con salarios por debajo de la media. El gobierno ha presentado este cambio como un “tremendous” avance, pero su éxito dependerá de cómo se gestione la transición y qué medidas complementarias se implementen para evitar su efecto rebote en la productividad.
¿Qué implica exactamente el 35% para todos?
La medida, aprobada en 2023, reduce el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades del 25% al 15% para pymes y autónomos con menos de 50 empleados, siempre que generen menos de 10 millones de euros anuales. Pero su alcance va más allá: también afecta al IRPF para los trabajadores por cuenta ajena, donde se aplica un porcentaje adicional del 35% sobre los primeros 22.000 euros anuales de ingresos. Este último cambio, menos discutido, busca compensar la caída en cotizaciones sociales para autónomos y empresas, pero su impacto en la recaudación estatal es incierto. Según estimaciones del Banco de España, este ajuste podría reducir la recaudación fiscal en un 0,8% en los primeros años, lo que exige un debate sobre cómo financiar el resto de políticas públicas sin recortar otros servicios esenciales.
Datos que explican su contexto: precariedad y productividad
- El 35% de los trabajadores en España tienen contratos temporales, según el INE (2023), frente al 22% en la UE.
- La productividad laboral en España es un 30% inferior a la media europea, según el Banco Central Europeo (BCE), y el 35% de las empresas españolas reportan dificultades para contratar personal cualificado.
- El 68% de los autónomos en España facturan menos de 10.000 euros mensuales, un colectivo que será el principal beneficiario del tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades.
- El 20% de los trabajadores en España gana menos de 1.200 euros mensuales, un grupo que verá afectado su capacidad de ahorro debido al nuevo impuesto del IRPF.
- Entre 2020 y 2022, el número de despidos en España aumentó un 15%, según el Ministerio de Trabajo, un dato que refuerza la necesidad de políticas que equilibren incentivos económicos con seguridad laboral.
El debate sobre este cambio no puede ignorar su relación con la brecha salarial. Mientras los salarios medios en España se sitúan en los 1.800 euros mensuales —un 10% por debajo de la media europea—, el 35% de los trabajadores en sectores como hostelería o construcción gana menos de 1.000 euros. Aquí radica el riesgo: si la medida no se acompaña de inversiones en formación o de un aumento real de salarios, podría perpetuar la precariedad. El gobierno ha anunciado que el 35% se aplicará progresivamente, pero los primeros datos de aplicación en 2024 ya revelan que algunas pymes han optado por recortar plantillas en lugar de reinvertir en eficiencia.
El 35% y su impacto en la competitividad internacional
España no puede permitirse un retroceso en su competitividad frente a países como Alemania o Francia, donde la carga fiscal para empresas es superior pero la productividad también. El 35% podría atraer inversiones, pero solo si se combina con otras medidas. Por ejemplo, el gobierno ha propuesto simplificar trámites administrativos para pymes, pero su eficacia depende de que no se convierta en una excusa para eludir obligaciones laborales. Según un informe de la Cámara de Comercio de España, el 40% de las empresas que han recibido ayudas públicas en los últimos años han reducido su plantilla en un 5% debido a la burocracia. Aquí está la paradoja: el 35% podría ser un impulsor de crecimiento, pero su éxito dependerá de que no se convierta en un estímulo para la precariedad disfrazada de flexibilidad.
¿Qué se puede esperar en los próximos años?
El plazo para aplicar plenamente el 35% termina en 2025, pero su impacto ya se está mediendo. Mientras, el Ministerio de Economía ha anunciado que evaluará trimestralmente su eficacia, aunque los datos preliminares sugieren que su efecto en la recaudación será menor de lo esperado. La clave ahora está en dos frentes: por un lado, evitar que el ajuste fiscal genere un efecto rebote en la productividad, y por otro, garantizar que las empresas reinviertan en innovación y formación. detalles sobre cómo se gestionará esto en cada comunidad autónoma será crucial, ya que las diferencias entre regiones —desde Cataluña hasta Andalucía— en materia de fiscalidad y empleo son abismales.
En definitiva, el 35% para todos es una apuesta arriesgada pero necesaria. Si se gestiona con agilidad y sin perder de vista los objetivos de equidad y productividad, podría ser un hito en la modernización del modelo económico español. Pero si se convierte en otra reforma que se queda en papel, el riesgo será mayor que los beneficios. La prueba estarán en los datos de empleo, inversión y recaudación que lleguen en los próximos años.
